CONFIRMADO: la FPFE no es de Utilidad Pública

La Audiencia Nacional da la razón al Ministerio del Interior y a Abogados Cristianos sobre la NO utilidad pública de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), filial de Planned Parenthood. Los magistrados rechazan el recurso interpuesto por la FPFE. Además, la condenan en costas.
  • La FPFE acudió a los tribunales después de que el Ministerio del Interior le retirase la consideración de entidad de utilidad pública, tal y como había solicitado Abogados Cristianos.
  • Interior constató falta de transparencia de la FPFE al ocultar que fueron sancionados por financiación ilegal.
  • Abogados Cristianos denunció dichas irregularidades en 2015. Su presidenta, Polonia Castellanos, celebra la decisión y pide el fin de su financiación pública.

La FPFE acudió a los tribunales después de que el Ministerio del Interior le retirase la consideración de entidad de utilidad pública, tal y como había solicitado Abogados Cristianos a través de un recurso de reposición.

La decisión de Interior llegó tras constatar la falta de transparencia de la FPFE, que ocultó todo lo relativo a la sanción que pesa sobre ella por financiación ilegal. En 2015 la Asociación Española de Abogados Cristianos denunció que la Federación de Planificación Familiar había estado siete años obteniendo ingresos a través de la publicidad ilegal de fármacos que la ley prohíbe anunciar. Esto derivó en una sanción por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid.

El Ministerio del Interior alegó que “tal conducta infractora es incompatible con la promoción del interés general, en este caso, la protección de la salud pública”. Además, asegura que “supone defraudar la confianza que la sociedad deposita en aquella entidad que pretende beneficiar a la comunidad a cambio de recibir importantes ventajas”. Hay que recordar que la consideración de “utilidad pública” supone gozar de numerosos beneficios fiscales, administrativos y procesales.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, celebra esta la decisión de la Audiencia Nacional. Asegura que “una organización que ha incumplido de forma sistemática la ley no puede tener dicho reconocimiento”. Pide que dejen de concedérsele “los casi 350.000 euros de subvenciones que recibe con el dinero de nuestros bolsillos”. Así lo han pedido más de 17.000 ciudadanos a través de nuestra campaña #StopSubvencionesAborto.

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